absolución
El pasado miércoles 18 de junio, se dictó sentencia en la querella penal por injurias que un directivo del CEMIC me había iniciado el año pasado, por lo publicado en este weblog. La sentencia me absuelve de culpa y cargo del delito de injurias, cargo por el cual el letrado del querellante solicitó dos meses de prisión en suspenso. El fallo está firme al no ser apelado por las partes.
Antes que nada, quiero agradecer a mis testigos, compañeros de trabajo, conocidos, vecinos, funcionarios públicos como Fernando Finvarb o legisladores como Jorge San Martino que perdieron su tiempo y se molestaron personalmente, para contribuir con la justicia. No hubiéramos llegado a este resultado sin su decisivo aporte en el momento de argumentar mi posición en el caso. Estoy eternamente agradecido con todos ellos y en deuda. Y mi agradecimiento se extiende a mis abogados, a los doctores Carlos Martín Pires y Rubén Fabiani que se pusieron mi camiseta y me asistieron magistralmente, apoyándome en cada paso de la causa. Agrego mis respetos personales al Dr. Tamini, abogado del querellante, que se comportó con caballerosidad y sin recurrir a golpes bajos, prepotencia ni chicanas.
Pasando a los comentarios de esta experiencia, por un lado, me queda la satisfacción de haber demostrado mi inocencia ante los estrados judiciales. En más de una ocasión en esta causa, recibí el consejo de retractarme y extinguir la causa penal, para no tener que lidiar con la posibilidad de una condena. Que quede claro: el señor que tiene la función de recibir los reclamos de los clientes del CEMIC, respondió a mi crítica pública con una demanda judicial que tenía como objetivo, meterme preso. Ese riesgo afronté cuando decidí no retractarme, defender mi causa y mi inocencia, y contar mi verdad.
Yo, una persona que si entró alguna vez a una comisaría fue para pedir un certificado o consultar un padrón electoral, pasé por ciertas delicias judiciales como las de ser sometido a un psicoambiental, responder a notificaciones judiciales en dónde se me recordaba que de no presentarme podía ser traído por la fuerza pública o declarar con la presencia de un policía en la puerta para asegurarse que no me escapara. Los que transitan los juzgados penales saben que éstas son prevenciones normales y habituales, no específicamente dirigidas a mí. Está claro. Pero para un neófito en la materia, fueron auténticas pruebas para mi carácter.
Más aún cuando el querellante, en uso de su derecho a delegar su representación en un letrado, jamás pisó el juzgado, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. Para él, esta causa empezó y terminó en el despacho de su abogado. No tuvo que perder días de trabajo, esperar en los pasillos de un juzgado en Retiro ni declarar ante un juez. Sigo sin conocer al hombre que quiso meterme preso y que, aún hoy, a tres meses de la muerte de mi madre, no se ha dignado a explicarme porqué un informe de una tomografía no describe la presencia de un tumor que sí muestran las imágenes. Tuvo el tiempo para intimidarme judicialmente; no para responderme sobre los resultados de una empresa para la que trabaja.
Disiento con un sólo punto de la sentencia, es aquella en la que se dispone que cada parte pague los honorarios de sus abogados. Esto es, el querellante quien no apareció por el juzgado, no pudo probar mi culpabilidad, gastó tiempo y fondos públicos para su interés personal y que nunca tuvo que responder por los riesgos de salud pública que denuncio, tuvo el alivio económico de cargar sólo con el costo de sus abogados. La sentencia regula los honorarios de mis abogados en varios miles de pesos, de los que debo hacerme cargo (que se agregan a todos los gastos previos que significó para mí responder a esta querella que implicaba un riesgo de prisión) pese a que fui absuelto. Algo parecido a lo que hubiera pagado de haberme retractado desde un principio. Tal vez deba tomarlo como el costo de mi honor. De ser así, no me parece un precio excesivo.
No obstante mi desacuerdo, respeto la decisión del juzgado. Sabemos que los jueces hablan por su sentencia y no pueden polemizar y debatir confrontando nuestras opiniones. Como ciudadano tengo derecho a expresar mi desacuerdo con un punto de la sentencia, como también tengo la obligación de acatarla y respetar las decisiones de quien ha sido nombrado para tomar tal delicada tarea. También, al conocer el mecanismo de la justicia por dentro, me he dado cuenta la responsabilidad extrema que tienen los que deben decidir sobre la libertad o no de una persona y el gravoso peso que esa decisión debe significar. No es tarea fácil ni grata.
Así cómo expresé mi descuerdo en un punto específico de la sentencia, debo manifestar mi eterno agradecimiento al juzgado por haberme permitido exponer, sin censura, mi vía crucis con la forma en que el CEMIC trató a mi madre en sus últimos años de vida. En la causa hemos podido presentar como prueba, no sólo las cartas del querellante que ya han sido publicadas en este weblog, en la que reconoce lesiones, validándolas como una estadística aceptable para una frecuencia de un herido por cada doce viajes, sino también incluir un acta de escribano público en el que queda asentado que la historia clínica de mi madre estaba incompleta para al segundo semestre del 2006, sin numerar, con hojas sueltas, fuera de lo indicado por la normativa. Como si fuera poco, queda asentado en este expediente público que el mencionado informe de la tomografía NO ESTÁ incluido en la historia clínica.
Cabe destacar que ésta ha sido la única instancia en el Estado dónde se me ha escuchado y tomado nota de la advertencia que hice sobre el riesgo que corren los afiliados del CEMIC si, lo que sucedió con mi mamá, se repite. Aunque la causa era por otros motivos, estos hechos están asentados (y no contestados por el querellante) en la causa judicial pública.
Como corolario, quiero expresar una sensación personal, un sentimiento, que me embarga en estos días. De eso (como hemos dicho en el juzgado) se trata este weblog, también, de recordar que estas cosas que denuncio le pasan a personas de carne y hueso, que atrás hay gente sufriendo, detrás del maltrato o la desidia de un burócrata corporativo. Primero, es la sensación de desamparo que tengo como consumidor. Advertí en el weblog un riesgo para otros argentinos. En la causa judicial, he presentado pruebas. Nadie me llamó para verificar si lo que estoy diciendo son elucubraciones de una mente alucinada o hechos que merecen rectificarse.
A la semana de salir absuelto judicialmente, se destapó el caso del anestesista trucho aparentemente responsable de la muerte de una chica sometida a una apendicectomía. La cobertura periodística centralizó la culpa en el perfil del anestesista, un hombre con antecedentes de inestabilidad psicológica y adicción. Lo que nadie preguntó es qué hicieron todos los otros profesionales que compartieron su trabajo. Los médicos, enfermeros, auxiliares que sabían (por experiencia) que ese tipo se presentaba a trabajar drogado, que eran conscientes de que estaban ante una bomba de tiempo a punto de explotar.
Y nadie les pregunta porque, como lo denunciamos en el weblog desde el primer post, hay un desmedido respeto a denunciar el espíritu de cuerpo de la corporación médica. Le exigimos a un soldado o a un policía que denuncie a un colega si viola los derechos humanos, aunque eso implique que pierda el trabajo, porque consideramos que los principios que hay que cuidar son superiores. En más de una ocasión, cuando señalo que los médicos no se atreven a criticar el diagnóstico y tratamiento de otros, me señalan que “tampoco el tipo va a perder el trabajo”. ¿Por qué no exigírselo? ¿No está en juego la vida humana? ¿No hay valores supremos que custodiar? Pero ha sido tan eficaz el discurso, que estas carencias éticas de la profesión que mencioné en uno de mis primeros posts, fue uno de los argumentos de la querella para acusarme de injuriador. Tuve que responder qué significa lo que yo dije y a qué me refería. Algo que es sabido por cualquiera que haya tenido que lidiar con el sistema de salud en Argentina.
Otra sensación que tengo en estos días, sentimiento que se enlaza con mis discrepancias con la sentencia, es que el acceso a la justicia y a la denuncia está limitada para aquellos con suficientes recursos económicos para afrontar los costos de litigar. Pude afrontar los costos de mi defensa pero las cifras que se establecen en juicios están muy lejos de la gran parte de los argentinos.
El consumidor indefenso y sin recursos económicos, no puede ni levantar la voz. Por ejemplo, la chica que retrata la odisea del transporte público en http://www.viajecomoelorto.blogspot.com tiene el riesgo de recibir un juicio, de cualquier señor de Metrovías o de la Secretaría de Transporte que se sienta molesto por sus dichos, riesgo que puede desembocar en un peso financiero que podría arruinarle la vida, se demuestre o no su inocencia. Las empresas que no cumplen con su servicio, no permiten ni siquiera que les preguntemos sobre sus fallas. Algo no cierra. Y el esquema no puede ser más perverso.
Hace unos días, ante la campaña de una ONG contra el uso de pieles naturales que contó con la participación de Marcela Kloosterboer, un representante de la cámara empresaria declaró que era una barbaridad la imagen del animal desollado que aparecía en la foto de la publicidad y que le iba a hacer juicio por maltrato de animales a los de la ONG y a la modelo. Cualquiera que conozca el derecho sabe que la demanda contra la modelo no puede prosperar. Pero… ¿por qué declaró eso? Para amedrentarla. A ella y a las otras modelos que colaboren con la campaña. Se usa la justicia para limitar la libertad de expresión, a caballo de los costos onerosos del litigio.
Eso es lo que sentí con la querella interpuesta por este directivo del CEMIC. No quería defender su honor, sino hacerme callar la boca. Y por eso disiento con la sentencia en el punto de las costas, porque le ha dado antecedentes para volver a repetirlo, con cualquier afiliado del CEMIC que denuncie públicamente un error, negligencia o incompetencia.
Tal vez, ese sea el resultado de toda esta experiencia judicial: hoy soy consciente que mi libertad de expresión está limitada, que no puedo escribir ni decir públicamente lo que pienso, que no puedo debatir y proponer un cambio. No necesitan confrontarme en el debate, porque no es que quieran alcanzar la verdad. Lo que quieren es callarla, para no tener que responder a lo que se les pregunta. Hoy soy menos libre que hace dos años. Esa es mi sensación final de toda esta experiencia.
Y si es así, de alguna manera, los que quisieron callarme, lograron salirse con la suya.
Antes que nada, quiero agradecer a mis testigos, compañeros de trabajo, conocidos, vecinos, funcionarios públicos como Fernando Finvarb o legisladores como Jorge San Martino que perdieron su tiempo y se molestaron personalmente, para contribuir con la justicia. No hubiéramos llegado a este resultado sin su decisivo aporte en el momento de argumentar mi posición en el caso. Estoy eternamente agradecido con todos ellos y en deuda. Y mi agradecimiento se extiende a mis abogados, a los doctores Carlos Martín Pires y Rubén Fabiani que se pusieron mi camiseta y me asistieron magistralmente, apoyándome en cada paso de la causa. Agrego mis respetos personales al Dr. Tamini, abogado del querellante, que se comportó con caballerosidad y sin recurrir a golpes bajos, prepotencia ni chicanas.
Pasando a los comentarios de esta experiencia, por un lado, me queda la satisfacción de haber demostrado mi inocencia ante los estrados judiciales. En más de una ocasión en esta causa, recibí el consejo de retractarme y extinguir la causa penal, para no tener que lidiar con la posibilidad de una condena. Que quede claro: el señor que tiene la función de recibir los reclamos de los clientes del CEMIC, respondió a mi crítica pública con una demanda judicial que tenía como objetivo, meterme preso. Ese riesgo afronté cuando decidí no retractarme, defender mi causa y mi inocencia, y contar mi verdad.
Yo, una persona que si entró alguna vez a una comisaría fue para pedir un certificado o consultar un padrón electoral, pasé por ciertas delicias judiciales como las de ser sometido a un psicoambiental, responder a notificaciones judiciales en dónde se me recordaba que de no presentarme podía ser traído por la fuerza pública o declarar con la presencia de un policía en la puerta para asegurarse que no me escapara. Los que transitan los juzgados penales saben que éstas son prevenciones normales y habituales, no específicamente dirigidas a mí. Está claro. Pero para un neófito en la materia, fueron auténticas pruebas para mi carácter.
Más aún cuando el querellante, en uso de su derecho a delegar su representación en un letrado, jamás pisó el juzgado, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. Para él, esta causa empezó y terminó en el despacho de su abogado. No tuvo que perder días de trabajo, esperar en los pasillos de un juzgado en Retiro ni declarar ante un juez. Sigo sin conocer al hombre que quiso meterme preso y que, aún hoy, a tres meses de la muerte de mi madre, no se ha dignado a explicarme porqué un informe de una tomografía no describe la presencia de un tumor que sí muestran las imágenes. Tuvo el tiempo para intimidarme judicialmente; no para responderme sobre los resultados de una empresa para la que trabaja.
Disiento con un sólo punto de la sentencia, es aquella en la que se dispone que cada parte pague los honorarios de sus abogados. Esto es, el querellante quien no apareció por el juzgado, no pudo probar mi culpabilidad, gastó tiempo y fondos públicos para su interés personal y que nunca tuvo que responder por los riesgos de salud pública que denuncio, tuvo el alivio económico de cargar sólo con el costo de sus abogados. La sentencia regula los honorarios de mis abogados en varios miles de pesos, de los que debo hacerme cargo (que se agregan a todos los gastos previos que significó para mí responder a esta querella que implicaba un riesgo de prisión) pese a que fui absuelto. Algo parecido a lo que hubiera pagado de haberme retractado desde un principio. Tal vez deba tomarlo como el costo de mi honor. De ser así, no me parece un precio excesivo.
No obstante mi desacuerdo, respeto la decisión del juzgado. Sabemos que los jueces hablan por su sentencia y no pueden polemizar y debatir confrontando nuestras opiniones. Como ciudadano tengo derecho a expresar mi desacuerdo con un punto de la sentencia, como también tengo la obligación de acatarla y respetar las decisiones de quien ha sido nombrado para tomar tal delicada tarea. También, al conocer el mecanismo de la justicia por dentro, me he dado cuenta la responsabilidad extrema que tienen los que deben decidir sobre la libertad o no de una persona y el gravoso peso que esa decisión debe significar. No es tarea fácil ni grata.
Así cómo expresé mi descuerdo en un punto específico de la sentencia, debo manifestar mi eterno agradecimiento al juzgado por haberme permitido exponer, sin censura, mi vía crucis con la forma en que el CEMIC trató a mi madre en sus últimos años de vida. En la causa hemos podido presentar como prueba, no sólo las cartas del querellante que ya han sido publicadas en este weblog, en la que reconoce lesiones, validándolas como una estadística aceptable para una frecuencia de un herido por cada doce viajes, sino también incluir un acta de escribano público en el que queda asentado que la historia clínica de mi madre estaba incompleta para al segundo semestre del 2006, sin numerar, con hojas sueltas, fuera de lo indicado por la normativa. Como si fuera poco, queda asentado en este expediente público que el mencionado informe de la tomografía NO ESTÁ incluido en la historia clínica.
Cabe destacar que ésta ha sido la única instancia en el Estado dónde se me ha escuchado y tomado nota de la advertencia que hice sobre el riesgo que corren los afiliados del CEMIC si, lo que sucedió con mi mamá, se repite. Aunque la causa era por otros motivos, estos hechos están asentados (y no contestados por el querellante) en la causa judicial pública.
Como corolario, quiero expresar una sensación personal, un sentimiento, que me embarga en estos días. De eso (como hemos dicho en el juzgado) se trata este weblog, también, de recordar que estas cosas que denuncio le pasan a personas de carne y hueso, que atrás hay gente sufriendo, detrás del maltrato o la desidia de un burócrata corporativo. Primero, es la sensación de desamparo que tengo como consumidor. Advertí en el weblog un riesgo para otros argentinos. En la causa judicial, he presentado pruebas. Nadie me llamó para verificar si lo que estoy diciendo son elucubraciones de una mente alucinada o hechos que merecen rectificarse.
A la semana de salir absuelto judicialmente, se destapó el caso del anestesista trucho aparentemente responsable de la muerte de una chica sometida a una apendicectomía. La cobertura periodística centralizó la culpa en el perfil del anestesista, un hombre con antecedentes de inestabilidad psicológica y adicción. Lo que nadie preguntó es qué hicieron todos los otros profesionales que compartieron su trabajo. Los médicos, enfermeros, auxiliares que sabían (por experiencia) que ese tipo se presentaba a trabajar drogado, que eran conscientes de que estaban ante una bomba de tiempo a punto de explotar.
Y nadie les pregunta porque, como lo denunciamos en el weblog desde el primer post, hay un desmedido respeto a denunciar el espíritu de cuerpo de la corporación médica. Le exigimos a un soldado o a un policía que denuncie a un colega si viola los derechos humanos, aunque eso implique que pierda el trabajo, porque consideramos que los principios que hay que cuidar son superiores. En más de una ocasión, cuando señalo que los médicos no se atreven a criticar el diagnóstico y tratamiento de otros, me señalan que “tampoco el tipo va a perder el trabajo”. ¿Por qué no exigírselo? ¿No está en juego la vida humana? ¿No hay valores supremos que custodiar? Pero ha sido tan eficaz el discurso, que estas carencias éticas de la profesión que mencioné en uno de mis primeros posts, fue uno de los argumentos de la querella para acusarme de injuriador. Tuve que responder qué significa lo que yo dije y a qué me refería. Algo que es sabido por cualquiera que haya tenido que lidiar con el sistema de salud en Argentina.
Otra sensación que tengo en estos días, sentimiento que se enlaza con mis discrepancias con la sentencia, es que el acceso a la justicia y a la denuncia está limitada para aquellos con suficientes recursos económicos para afrontar los costos de litigar. Pude afrontar los costos de mi defensa pero las cifras que se establecen en juicios están muy lejos de la gran parte de los argentinos.
El consumidor indefenso y sin recursos económicos, no puede ni levantar la voz. Por ejemplo, la chica que retrata la odisea del transporte público en http://www.viajecomoelorto.blogspot.com tiene el riesgo de recibir un juicio, de cualquier señor de Metrovías o de la Secretaría de Transporte que se sienta molesto por sus dichos, riesgo que puede desembocar en un peso financiero que podría arruinarle la vida, se demuestre o no su inocencia. Las empresas que no cumplen con su servicio, no permiten ni siquiera que les preguntemos sobre sus fallas. Algo no cierra. Y el esquema no puede ser más perverso.
Hace unos días, ante la campaña de una ONG contra el uso de pieles naturales que contó con la participación de Marcela Kloosterboer, un representante de la cámara empresaria declaró que era una barbaridad la imagen del animal desollado que aparecía en la foto de la publicidad y que le iba a hacer juicio por maltrato de animales a los de la ONG y a la modelo. Cualquiera que conozca el derecho sabe que la demanda contra la modelo no puede prosperar. Pero… ¿por qué declaró eso? Para amedrentarla. A ella y a las otras modelos que colaboren con la campaña. Se usa la justicia para limitar la libertad de expresión, a caballo de los costos onerosos del litigio.
Eso es lo que sentí con la querella interpuesta por este directivo del CEMIC. No quería defender su honor, sino hacerme callar la boca. Y por eso disiento con la sentencia en el punto de las costas, porque le ha dado antecedentes para volver a repetirlo, con cualquier afiliado del CEMIC que denuncie públicamente un error, negligencia o incompetencia.
Tal vez, ese sea el resultado de toda esta experiencia judicial: hoy soy consciente que mi libertad de expresión está limitada, que no puedo escribir ni decir públicamente lo que pienso, que no puedo debatir y proponer un cambio. No necesitan confrontarme en el debate, porque no es que quieran alcanzar la verdad. Lo que quieren es callarla, para no tener que responder a lo que se les pregunta. Hoy soy menos libre que hace dos años. Esa es mi sensación final de toda esta experiencia.
Y si es así, de alguna manera, los que quisieron callarme, lograron salirse con la suya.
posted by Marcelo De Biase at
4:35 p. m.
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